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Carlos Navarro ‘El Yoyas’: así se hablaba en 2001 y así se habla ahora de la violencia hacia la mujer

Momento en el que notificaron a Carlos Navarro su expulsión de 'Gran Hermano'.

De 'trato vejatorio hacia la mujer' a violencia machista:

  • El exconcursante de GH 2 ha sido detenido por violencia de género
  • Repasamos cómo han cambiado los conceptos y la legislación en 17 años

Carlos Navarro, el exconcursante de la segunda edición de Gran Hermano conocido como El Yoyas, ha sido detenido acusado de un delito de violencia de género. En concreto, tal y como ha afirmado la Guardia Civil a Europa Press, por un presunto delito de coacciones en el ámbito familiar. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Navarro ha sido detenido este miércoles “tras producirse un incidente” en la vivienda de su pareja, Fayna Bethencourt, con la que inició una relación sentimental dentro del concurso en 2001.

Ese año Navarro no llegó a terminar el concurso: fue expulsado por la organización del concurso como “medida preventiva” para “evitar que su comportamiento pudiera producir situaciones que afectasen a la normal convivencia en la casa”, según unas declaraciones de Fernando Martín, subdirector de comunicación de Telecinco en ese momento, recogidas por Europa Press y publicadas por El Mundo el 6 de abril de 2001.

Martín señaló que esta medida se había tomado “a sabiendas de que Carlos Navarro” no había causado “daño físico alguno”. “Es exclusivamente una decisión de carácter preventivo”, aseguró. El comportamiento violento de Carlos Navarro hacia algunos de los concursantes en general y hacia su pareja en particular provocó una gran oleada de críticas por parte de numerosos colectivos, de partidos políticos y del Instituto de la Mujer.

Desde la secretaría general de Asuntos Sociales consideraron “lamentable” que Telecinco difundiera imágenes que representaban “lo contrario que el Gobierno propugna para conseguir la erradicación de la violencia hacia las mujeres”. En la misma línea se pronunciaron desde el Instituto de la Mujer, considerando “terrible”, “indignante” y “perjudicial” que se emitieran imágenes que de las que se podía “deducir que estos comportamientos son normales”.

Asimismo, IU, PSOE, PP y el Instituto de la Mujer enviaron cartas a la dirección de Telecinco para pedir la expulsión inmediata del concursante por su comportamiento en el programa y por “practicar y promover el trato vejatorio sobre la mujer”. El PP, por su parte, se sumó en el Senado a las críticas y pidió a la cadena que explicara si el comportamiento violento del concursante fue espontáneo o inducido para incrementar la audiencia y recordó “la responsabilidad que tienen los medios de comunicación al trasladar determinados mensajes a la sociedad”.

Los espectadores también denunciaron el comportamiento violento de Navarro: “Es el prototipo de un maltratador, agrede física y verbalmente y luego pide perdón. Deberían expulsarle y denunciarle”. Ese era el mensaje de un televidente recogido en una noticia de El País del 4 de abril de 2001, en la que se hace hincapié en “la sensibilidad” de los espectadores “hacia los numerosos casos de violencia doméstica”. Porque hay que recordar que en España, hasta la actual Ley Integral 1/2004 contra la Violencia de Género, no existía un concepto de referencia de violencia contra las mujeres.

Desde finales de los 90, las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia de género y en la atención a las víctimas plantearon la necesidad de una Ley Integral contra este tipo violencia para que se tratara como un problema de Estado. Aunque en el año 2000 el presidente del Gobierno Jose María Aznar se comprometió en campaña electoral a poner en marcha una Ley Integral en caso de volver a gobernar, su aprobación y puesta en marcha no se llevó a cabo hasta 2004 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese año, el Congreso votó la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad. 

El artículo I de la ley rezaba así: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Así, el concepto de violencia doméstica comenzó a utilizarse para hacer referencia a “la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro, contra algunos de los demás o contra todos ellos”.

Tan solo siete años antes, en 1997, Ana Orantes moría a manos de su marido después de haber aparecido en televisión denunciando los 40 años de malos tratos psíquicos y físicos sufridos durante su matrimonio. Un caso que marcó un antes y un después en la legislación, sí, pero también en la manera en que se empezó a tratar la violencia contra las mujeres. Atrás quedaron los crímenes pasionales y la inclusión de este tipo de noticias en la sección de sucesos, aunque queda mucho por mejorar por parte de los medios al abordar este tipo de informaciones.

Hasta hace solo unos días las víctimas de violencia de género eran, por tanto, las mujeres maltratadas por su pareja o expareja. Sin embargo, tras casos como el de Diana Quer, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial comenzará a contar desde ahora también a otras víctimas: aquellas que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres.  Los titulares que recogen la noticia de la detención de ‘El Yoyas’ ya empiezan a hablar de violencia machista. La evolución del concepto demuestra el cambio en la percepción de este gravísimo problema, de esta lacra que se lleva la vida de decenas de mujeres cada año.

Sin embargo, también quedan muchas batallas en el campo de la legislación. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado a finales de septiembre (y que cuenta con la reticencia de algunos sectores del feminismo), se ha quedado sin presupuesto pese a que el gobierno se comprometió a dotarlo con 200 millones.

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